Esta política complementa y enmarca las políticas y normativas que rigen al Azúcar de Guatemala desde el 2000; las cuales, con base a legislación nacional, adaptan las actividades cañera y azucarera para una operación responsable enfocada en la sostenibilidad social, económica y ambiental. Su objetivo busca contribuir con el Estado de Guatemala en el respeto de los Derechos Humanos, promover la formación y fortalecimiento de capacidades en materia de Derechos Humanos para colaboradores, así como en la cadena de suministros.